El monopolio invisible: cuando el guaraní deja de valer.

Por Lic. Pedro Acosta

En el Paraguay contemporáneo, la privatización ya no se limita a la venta de empresas públicas. Hoy se expresa de manera más sutil, en la captura silenciosa de los espacios donde los ciudadanos ejercen sus derechos más elementales: el derecho a acceder, pagar y participar. Ese poder ya no reside en el Estado, sino en un banco: Ueno.

Lo que en principio parecía una simple estrategia de marketing se ha transformado en una cuestión constitucional. Esta entidad ha tejido una red omnipresente: patrocina clubes deportivos, estadios, ferias y eventos culturales. Pero lo más preocupante es que condiciona el acceso a esos espacios al uso exclusivo de sus tarjetas.

Ocurrió en la Expo Mariano Roque Alonso, donde solo los portadores del plástico Ueno pudieron pagar su entrada o realizar compras. Y se repite con la llegada de artistas internacionales: si no tenés Ueno, no existís.

Sin embargo, el problema va mucho más allá de la incomodidad del consumidor. Lo que está en juego es el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el Artículo 46 de la Constitución Nacional.

Ninguna empresa, por poderosa que sea, puede erigirse en árbitro de quién participa o no en la vida pública. Cuando el acceso a un evento —autorizado por las autoridades y realizado en un predio público o de uso común— se restringe a una élite bancaria, estamos ante una discriminación económica indirecta. Ya no se margina por raza o credo, sino por cuenta corriente.

A esto se suma una violación más profunda y estructural: la de la soberanía monetaria. El Artículo 283 de la Constitución establece que la moneda oficial de la República es el guaraní, y que su emisión es atribución exclusiva del Banco Central del Paraguay.

La exclusión del dinero físico —o incluso de otros medios electrónicos no asociados a Ueno— desnaturaliza el curso legal del guaraní y crea, de facto, un sistema de circulación paralela, donde una entidad privada decide qué vale y qué no. Es un golpe blando contra la autoridad monetaria del Estado.

El Artículo 107 garantiza la libre competencia e impone al Estado la obligación de impedir los monopolios. Sin embargo, lo que presenciamos es el nacimiento de un monopolio de facto en el acceso al entretenimiento, la cultura y el consumo simbólico.

El Banco Ueno no solo vende productos financieros: vende pertenencia social. Quien no está bancarizado bajo su sello queda excluido del circuito moderno de la vida urbana.

En la práctica, asistimos a una colonización económica del espacio público. Lo privado invade lo común con la complicidad silenciosa de las autoridades.

Ni el Banco Central, ni la SEDECO, ni el Ministerio de Industria y Comercio han intervenido para frenar estas prácticas, pese a que implican una restricción ilegítima del derecho al acceso igualitario.

El Artículo 47 de la Constitución es claro: el Estado debe “remover los obstáculos e impedimentos que mantengan o propicien la desigualdad de hecho o de derecho entre las personas.”

¿Qué mayor obstáculo puede haber que impedir a un ciudadano acceder a un evento cultural por no poseer la tarjeta de una entidad privada?

Esto no es progreso financiero. Es una nueva forma de segregación, donde el dinero deja de ser un instrumento de intercambio y se convierte en un filtro social.

Es el fin del guaraní como símbolo de unidad nacional y el inicio de una economía de castas, donde los bancos determinan los derechos culturales de la población.

El verdadero peligro está en la naturalización. Se dirá que “es un acuerdo comercial”, “una promoción”, “una alianza”. Pero detrás de esas palabras se esconde la erosión del Estado de Derecho.

Cada vez que un ciudadano acepta que su derecho dependa de una tarjeta, el poder público retrocede un paso, y el poder privado avanza otro.

No se trata de un fenómeno financiero, sino político. El Estado paraguayo, en su pasividad, está cediendo su autoridad reguladora a un oligopolio bancario disfrazado de modernidad.

La igualdad, piedra angular de la República, se fragmenta bajo los logos y los patrocinios.

El Paraguay debe decidir si su moneda seguirá siendo el guaraní, o si será el plástico bancario de Ueno.

La Constitución no deja lugar a dudas: el dinero nacional pertenece al pueblo, no a los bancos.

Y cuando un ciudadano necesita una tarjeta para ejercer sus derechos, ya no hay democracia económica, sino servidumbre financiera.

Buzón del Informante - Publicidad