Fernando de la Mora: PUDISTE HABER SIDO TÚ.

Por: Lic. Peter Acosta - Politólogo

Un criminal que nunca debió estar en libertad. Un ciudadano que murió defendiendo su hogar. Un Estado que llegó tarde.

Un hombre de 70 años murió defendiendo su casa porque el Estado falló antes. El agresor tenía antecedentes, medidas alternativas vigentes y órdenes de captura. Nada de esto era imprevisible. La pregunta no es qué pasó, sino por qué nadie lo evitó.

No fue un enfrentamiento.

No fue una tragedia inevitable.

Fue el resultado de una cadena de decisiones y omisiones estatales que culminaron en la muerte de un ciudadano que jamás debió verse obligado a defender su vida en esas condiciones.

El señor Mario Roberto Gómez Zayas, de 70 años, murió defendiendo su hogar frente a una intrusión armada. Murió porque el Estado paraguayo no cumplió a tiempo con su función esencial: proteger a quienes trabajan, viven y envejecen dentro de la ley.

El agresor, conocido como alias “Pingüi”, no era un desconocido para el sistema. Según información pública, contaba con antecedentes penales, medidas alternativas vigentes, reiterados incumplimientos y órdenes de captura. Aun así, estaba en libertad.

La diferencia es clara y no admite relativismos:

Uno defendía su vida y a su familia; el otro irrumpía armado en una vivienda ajena.

Y esa irrupción podía haber ocurrido en cualquier casa. Hoy fue él. Mañana, pudiste haber sido tú.

El problema no se limita a lo ocurrido en Fernando de la Mora. Lo verdaderamente alarmante es la certeza de que no existen garantías reales de que esto no vuelva a suceder. La inseguridad no distingue edades, oficios ni barrios. Cuando el Estado falla, la ciudadanía queda librada a la suerte.

Las decisiones que permitieron este desenlace no son actos privados. En un Estado de Derecho, las resoluciones fiscales y judiciales son actos públicos y, como tales, están sujetas al control ciudadano.

La concesión de medidas alternativas a la prisión preventiva no es un automatismo jurídico. Es una facultad condicionada a la conducta procesal, al cumplimiento estricto de las medidas impuestas y a la inexistencia de riesgo para terceros. Cuando una persona con antecedentes graves incumple reiteradamente dichas condiciones y aun así permanece en libertad, corresponde una explicación institucional clara.

Exigir esa explicación no es una acusación personal. Es un ejercicio legítimo de ciudadanía.

La existencia de órdenes de captura impone al Estado un deber positivo de actuación. No es una opción ni una recomendación: es una obligación funcional. Cuando esas órdenes no se ejecutan de manera eficaz, pese a que la persona requerida es conocida por el sistema, se configura una falla estructural que debe ser revisada.

Aceptar esta inacción como normal equivale a admitir que la ley no protege a quienes la cumplen.

Mario Gómez Zayas no era parte del sistema penal ni del circuito de la violencia. Era un ciudadano que defendió lo único que el Estado no logró resguardar: su hogar, su integridad y su familia. Todo indica que era sostén económico y emocional de su entorno, hoy golpeado por una pérdida que no eligió.

Aquí surge otra ausencia grave:

¿quién acompaña psicológica, social y económicamente a las familias de las víctimas indirectas de la inseguridad?

El Estado suele desaparecer después del hecho, dejando el duelo y la incertidumbre en manos privadas.

Consta públicamente que el oficial de policía José Jiménez intervino en procedimientos previos vinculados al agresor y cuestionó el sistema de liberaciones reiteradas. No se trató de una advertencia aislada, sino de señales provenientes de la primera línea operativa.

Un sistema que no escucha a quienes ejecutan la ley termina fallando a quienes la cumplen.

Hay, además, una pregunta incómoda que no puede eludirse:

¿dónde está el pronunciamiento del Colegio de Abogados del Paraguay o de las entidades profesionales pertinentes?

La defensa técnica es un derecho fundamental. Nadie lo discute. Pero el ejercicio profesional no es éticamente neutro cuando se utiliza de forma reiterada para sostener trayectorias delictivas que violan sistemáticamente medidas judiciales y terminan en víctimas fatales.

No se trata de criminalizar la defensa.

Se trata de preguntar si las instituciones que regulan la profesión no deberían fijar posiciones claras frente al uso abusivo del sistema.

El silencio institucional también comunica.

A todo esto se suma un fenómeno preocupante: la glorificación del delincuente en redes sociales, sin reflexión, sin autocrítica y sin reconocimiento del daño causado. Esta subcultura no es penalmente imputable, pero sí socialmente corrosiva, porque normaliza la violencia y deshumaniza a las víctimas.

Cuando el delito se convierte en identidad, el tejido social se erosiona.

Este texto no acusa personas concretas ni dicta sentencias mediáticas.

Exige explicaciones, transparencia y revisión institucional.

Porque cuando un ciudadano muere defendiendo su hogar frente a alguien que acumulaba antecedentes, incumplimientos y órdenes de captura, no estamos ante una fatalidad.

Estamos ante un fracaso del Estado.

Y frente a ese fracaso, callar no es prudencia.

Hoy fue Mario Gómez Zayas.

Mañana, podrías ser tú.

Buzón del Informante - Publicidad