Mientras la ciudadanía enfrentaba la pandemia con miedo, dolor y escasez de insumos, un grupo de funcionarios convirtió la tragedia en una oportunidad para robar. El extitular de la DINAC, Édgar Melgarejo Ginard, junto a sus colaboradores Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar González, Luz María Chamorro Báez, Fernando José Gallardo de Brix, Katherine Pamela Toñanez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco, montaron una operación fraudulenta para enriquecerse ilícitamente mediante la compra de tapabocas vencidos y con sobreprecio.
Tras las denuncias periodísticas, la Fiscalía constató en 2020 un millonario daño patrimonial derivado de una licitación manipulada. Tres años después, Estados Unidos declaró a Melgarejo como “significativamente corrupto”, pero en Paraguay la historia tomó otro rumbo.
Cómo se gestó el blanqueo
El
proceso inició con la imputación del 30 de abril de 2020 y la acusación del 30
de abril de 2021 por lesión de confianza. El juez de garantías Raúl
Florentín elevó la causa a juicio oral, pero los acusados apelaron ante el
Tribunal de Apelación Penal, 3.ª Sala.
En un
fallo sin precedentes, dicho tribunal anuló la acusación fiscal y dictó
el sobreseimiento definitivo, alegando una supuesta “deficiencia
insubsanable” por variaciones de fechas y montos entre la imputación y la
acusación. La fiscal adjunta Soledad Machuca recurrió la decisión, pero
la Sala Penal declaró inadmisible el recurso de casación, cerrando así el caso
y blanqueando a los procesados.
El
expediente atravesó chicanas, recusaciones e integraciones estratégicas
que terminaron enfriando el proceso, en un país donde la impunidad avanza
cuando la ciudadanía deja de mirar.
Un mensaje devastador para el país
Mientras
el mundo lloraba a sus muertos y los paraguayos organizaban colectas para
insumos, aquí se robó sin pudor. Y después se blanqueó con tecnicismos. La
selectividad con la que la justicia admite o bloquea causas de corrupción se ha
vuelto un acto casi criminal, evidenciando el sometimiento del sistema judicial
a intereses políticos y económicos.
Magistrados que honran, y otros que corrompen la
justicia.
En este
escenario opaco, tres magistrados mostraron independencia y coherencia:
- Raúl Florentín, juez penal de garantías,
- Waldir Servín, miembro del Tribunal de
Apelación 3.ª Sala,
- Dr. Camilo Torres, integrante de la Sala
Penal.
Su
conducta los distingue en un Poder Judicial cada vez más subordinado al poder.
En
contrapartida, las decisiones de Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre
(Tribunal de Apelación 3.ª Sala), así como de Carolina Llanes y Pablino
Escobar (Sala Penal), resultaron determinantes para el blanqueo de uno de
los casos más vergonzosos de corrupción en plena pandemia.
La impunidad no borra la memoria
El sobreseimiento definitivo no absuelve moralmente a nadie. Lo que el Poder Judicial intenta blanquear sigue oliendo a corrupción ante la ciudadanía. Una justicia que exonera a quienes lucraron con la pandemia no solo viola la ley: traiciona la memoria de un país que enfrentó con dignidad la peor crisis sanitaria de su historia reciente.
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