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Gobierno de Peña impulsa histórica reestructuración del Estado con 10 reformas clave.

El presidente Santiago Peña presentó ante el Congreso un ambicioso paquete legislativo que propone una profunda reorganización del Estado paraguayo. Descrito por el mandatario como un “hito histórico”, el plan contempla 10 medidas estratégicas para modernizar instituciones, fomentar la inversión y mejorar la eficiencia pública.

Entre las reformas destacadas:

1) Modernización del transporte terrestre, con nuevas regulaciones que buscan mayor seguridad, calidad y sostenibilidad.

2) Fusión de la Secretaría de Repatriados con Cancillería, creando un Viceministerio para optimizar recursos.

3) Creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, con el objetivo de simplificar trámites y centralizar políticas productivas.

4) Reemplazo de la Ley 60/90 por un nuevo esquema de incentivos a la inversión enfocado en el empleo y la innovación.

5) Fortalecimiento del mercado de valores, alineado con estándares internacionales y mayor protección al inversor.

6) Eliminación de tarifas aéreas obligatorias a agencias, para fomentar la competencia y reducir costos de viaje.

7) Actualización del Régimen de Maquila, incluyendo servicios digitales y procesos tecnológicos.

8) Promoción del ensamblaje nacional de equipos electrónicos y digitales, con beneficios fiscales.

9) Facilitación de inversiones en energía limpia, mediante ajustes técnicos y mayor seguridad jurídica.

10) Reforma de la Ley de Arbitraje, adoptando principios internacionales y procedimientos electrónicos.

Peña destacó que las reformas son fruto de un trabajo técnico y político conjunto, orientado al desarrollo estructural de Paraguay en el mediano y largo plazo.

Reforma Penal propone penas de hasta 90 años y endurecimiento contra abusadores.

En paralelo, los legisladores Rubén Rubín y Basilio Núñez presentaron un proyecto para modificar el Código Penal, que eleva la pena máxima a 90 años de prisión por homicidios y delitos graves, y establece la figura de cadena perpetua revisable a partir de los 50 años de condena.

En casos de abuso sexual infantil, se eliminaría la expresión “hasta” en las penas, garantizando sanciones más severas. La edad de responsabilidad penal no fue abordada, pero se prevé tratarla en futuras iniciativas legislativas.
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